Con la aprobación de la constitución de 1980, el sistema de educación en Chile, fue víctima de cambios profundos en toda su extensión, cambios que profundizaron la desigualdad social poniendo obstáculos de grueso calibre en el camino del acceso y, por lo tanto, del financiamiento, lo que se traduce en que los estudiantes que tuvieron acceso a una educación básica y media de calidad, es decir que contaban con los medios para costear colegios privados o bien asistieron a los llamados “liceos emblemáticos”, tienen más posibilidades de entrar y mantenerse dentro del sistema universitario. Es así, por ejemplo, como “2.834 estudiantes que provienen de familias con un ingreso superior o igual a $1.584.000 obtuvieron más de 700 puntos de promedio en las pruebas PSU de Lenguaje y Matemática. Mientras que este mismo puntaje lo obtuvieron sólo 300 alumnos de familias con ingreso menor a $144 mil.” (Estadísticas DEMRE)
Fueron las reformas implementadas en 1981 y 1982 las que dejaron el camino despejado para que la educación llegara a ser lo que es hoy, las que abrieron el camino a la privatización y la división de las universidades por regiones y áreas de conocimiento; agregando, además, la reducción del aporte estatal a las universidades públicas lo que potenció la búsqueda de medios de autofinanciamiento como lo son las matrículas y los aranceles que además suben año a año.
Fue con estas reformas también, que se implementó el AFI o Aporte Fiscal Indirecto que es entregado a “todas las instituciones de educación superior (…) cuyo criterio de distribución es la matrícula de los alumnos de primer año con los mejores 27.500 puntajes en la Prueba de Selección Universitaria.” (MINEDUC), lo cual intensifica aún más las desigualdades.
En nuestra universidad vemos reflejada de forma palpable la deficiencia e inequidad del sistema de educación chileno. El Aporte Fiscal Directo (AFD) que recibió la UMCE durante el año 2008 alcanzó sólo un 2,6%, y según cifras del MINEDUC del 2006, un 61,6% de los estudiantes de nuestra universidad pertenece a los tres quintiles más pobres. Es decir que el aumento de los aranceles y del valor de la matrícula, golpea fuerte a la gran parte de nuestros compañeros. Además, debemos recordar que estamos frente a un nuevo panorama nacional, con la elección de Sebastián Piñera y un nuevo ministro de educación quien representa al sector más conservador de la iglesia, el Opus Dei, y además es dueño de una universidad privada, la del Desarrollo. Estos hechos lejos de apaciguar la lucha por la defensa y recuperación de la educación pública, deben potenciarla y fortalecerla, especialmente dentro y desde nuestra universidad, ya que somos la universidad pedagógica de Chile.
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